lunes, 4 de julio de 2011

La Asociación de Internautas pide la dimisión de Sinde porque es «juez y parte»

El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, ha pedido la dimisión de la ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, por no haberse responsabilizado de "auditar y fiscalizar las cuentas" de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y ser "juez y parte" en el proceso.


"Tendría que dimitir de forma inmediata porque nos ha obligado a los ciudadanos a dar el paso que tendría que haber dado el Ministerio de Cultura", ha asegurado Domingo a Europa Press. En este sentido, ha indicado que la ministra debería haber presionado para que las "las cuentas fueran transparentes". "No podemos tener una ministra de cultura que sea juez y parte", ha denunciado.
Según se ha quejado, el presidente de la SGAE, Teddy Bautista "levantaba teléfonos, ponía ministras e incluso ha influido en el Gobierno y la oposición para hacer leyes como el canon digital que ahora mismo es ilegal". Asimismo, Domingo ha afirmado que la detención del presidente de la SGAE y ocho miembros más, por un presunto desvío de fondos, es un "momento agridulce", ya que "por lo menos" se reconoce que los internautas no son "los ladrones ni los piratas".
A su juicio, la situación que se está viviendo en la SGAE traerá cambios, ya que "los autores se tienen que dar cuenta de que son víctimas" y que no pueden pertenecer "de forma democrática a una asociación en la que el 90 por ciento no puede votar quién es su presidente".
Para la Asociación de Internautas lo más importante es que se abra un debate motivado desde el Ministerio de Cultura en el nuevo paradigma digital. "Los derechos de autor son unos derechos legítimos pero no están por encima de los derechos fundamentales como clasificar al conjunto de los ciudadanos como culpables de un delito", ha afirmado Víctor refiriéndose al canon digital. "Y desde luego los derechos de autor, en lo que se refiere a la Ley Sinde, no están por encima de la libertad de expresión de la privacidad de las comunicaciones".
Asimismo, Víctor Domingo ha afirmado que la Ley Sinde y el canon digital son "imposiciones que hoy, 3 de julio y con Teddy Bautista delante del juez Ruz" los internautas no van a "seguir aceptando".

¿Y ahora qué?

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decretado la puesta en libertad con cargos para el presidente ejecutivo de la Sociedad Española de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, y los otros dos directivos de la entidad de gestión detenidos por la Guardia Civil en el marco de la investigación sobre la presunta comisión de delitos societarios y de blanqueo de capitales: el director general Enrique Loras, el director económico y financiero, Ricardo Azcoaga.

Los tres han abandonado ya las dependencias judiciales en un coche que esperaba a la puerta de la Audiencia Nacional.
El magistrado les imputa delitos continuados de apropiación indebida que califica como "de especial gravedad atendido el valor de la defraudación" (penado con hasta seis años de prisión) y administración fraudulenta (hasta cuatro años de cárcel).
Además, en el caso de Bautista, Ruz le acusa de la comisión de un delito societario a causa de la "negativa o impedimento" a los socios del ejercicio de los derechos de información y participación.
El magistrado toma ahora declaración a la principal accionista de la empresa Microgénesis, Elena Vázquez, y su director financiero, Celedonio Martín. Los cuatro detenidos restantes (el director general de la SDAE, Enrique Loras y su esposa María Antonia García Pombo, la hermana de ésta, Eva, y uno de los socios directores de Microgénisis) no pasarán a disposición judicial hasta mañana lunes.
En su auto, hecho público este domingo, el juez especifica como medidas cautelares la prohibición de abandonar el territorio español y la obligatoriedad de fijar un domicilio donde puedan ser localizados. A la vista de las circunstancias de "especial arraigo en España" de los directivos de la SGAE, no considera que exista probabilidad de fuga.
Además, Ruz especifica que mantendrá el secreto de sumario sobre la causa durante el tiempo necesario para evitar que se frustre el resultado de la investigación y concreta que al menos se prolongará hasta que declaren todos los detenidos.
Según se desprende del auto, las pesquisas han conducido a la entrada y registro de catorce domicilios de particulares y empresas, entre ellas la sede de la propia SGAE. Además, ha ordenado el bloqueo de cuentas y la prohibición de disponer de propiedades mobiliarias e inmobiliarias a determinados imputados.
Víctor Manuel: "Teddy está como una moto"
El cantante Víctor Manuel, miembro de la directiva de la SGAE, defiende una vez más la inocencia de Teddy Bautista y asegura que el presidente ejecutivo de la entidad se encuentra con "mucha fuerza" y "como una moto" tras ser puesto en libertad.
"Creo absolutamente en su inocencia. El juez está comenzando ahora los interrogatorios y no puedo saber los datos que tiene el juez para hacer esta imputaciones, pero por lo que yo conozco, hay muchísimo humo dentro de este caso", alega Víctor Manuel.
Asimismo, asegura que este lunes se reunirá con Teddy Bautista, quien se encuentra con la moral "altísima" y tratarán varios asuntos que tienen pendientes. En este sentido ha confirmado que la SGAE reclamará "daños y perjuicios" y precisa que la "nueva junta directiva se personará como perjudicado si hay alguna operación que se haya hecho fraudulenta". "En cien años de historia es la primera vez que la SGAE se enfrenta a un caso así", ha concluido.
Detenciones del viernes
Las detenciones se produjeron el pasado viernes a raíz de la investigación llevada a cabo desde 2010 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.
Esta mañana, tras permanecer en dependencias del Instituto Armado desde la tarde del viernes, fueron trasladados a la Audiencia Nacional donde se sometieron al interrogatorio del juez y del fiscal anticorrupción José Miguel Alonso que, en el caso de Bautista, se prolongó durante casi cuatro horas.
Las diligencias sobre la SGAE arrancaron en marzo de 2010, momento en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, entonces Baltasar Garzón, recibió una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción.
A partir de ese momento, Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han desarrollado una detallada investigación que ha culminado en la detención de nueve personas.