En prácticamente una semana hemos conocido que la Ley Sinde es una imposición de la Embajada de EEUU, que el responsable de revelar esa verdad oculta está hoy preso y sin fianza en una cárcel inglesa, a petición de la Físcalía sueca y que en España se ha decretado el Estado de Alarma. No, no es ficción, ni un guión cinematográfico, ni siquiera una teoría de la conspiración, esta es la cruda realidad.
En un primer intento de desacreditar las filtraciones de Wikileaks se difundió la idea de que era un tema sin la menor importancia y que sólo se trataba de cotilleos sobre los diversos líderes mundiales y sus particularidades. Sin embargo, las embajadas no se dedican a los cotilleos. Nadie usa conductos diplomáticos confidenciales y seguros sólo para difundir cotilleos, para eso ya está la televisión.
Y tampoco se inicia toda una cacería humana, primero para intentar eliminar físicamente al mensajero y luego para cortarle toda su posible financiación, si lo que saca a luz pública esa persona no son más que cotilleos sin valor alguno.
Se ha tenido que movilizar nada menos que a dos gigantes como Mastercard y Visa (que sin embargo, sí parecen felices de ofrecer sus servicios a
asociaciones vinculadas al Ku Klux Klan, PayPal, Amazon y la (hasta ahora) neutral Suiza, paraíso incluso del
dinero de dudosa procedencia, pero que sin embargo se vuelve muy escrupulosa en otros casos, para lograr acorralar a un simple periodista que sólo se ha dedicado a contar la verdad, como debería hacer todo periodista que valore en algo su profesión. Una profesión, callada por el momento, que debería estar exigiendo ya la libertad de Julian Assange y el cese de las actitudes hostiles contra su web.
Una profesión que debería aprender de blogs como éste, que sí exige lo que cualquier periodista del mundo debería estar exigiendo en estos momentos.
Por tanto, también ha quedado demostrado con el caso Wikileaks que el gobierno americano estaba en las antípodas de la verdad antes o lo está ahora.
Este caso ha puesto las pruebas encima de la mesa de algo que parecía una verdad a gritos. Que Estados Unidos utiliza todo su poder para crear legislaciones favorables a sus intereses en todo el mundo; es decir, que de facto gobierna en todo el mundo. Algo que casi todos sospechaban con mayor o menor intensidad, pero que ahora se sabe con certeza, a la vista de las pruebas que representan los cables diplomáticos filtrados. El juego sucio de la diplomacia en su máxima expresión.
El cordero que se vanagloria de ser el paradigma de la democracia y de las libertades esconde al verdadero lobo que lleva dentro, dispuesto a cualquier cosa por conseguir sus objetivos, por turbios que éstos puedan ser. Y como los regímenes más autoritarios a los que dice combatir, tampoco tolera la disidencia.
Hasta ahí todo parece normal, por decir algo, porque ya nos hemos acostumbrado a esos comportamientos a base de sufrirlos. Pero lo que es absolutamente inadmisible es que un gobierno esté dispuesto a legislar contra sus propios ciudadanos y a favor de una potencia extranjera. Algo que formalmente, si esa potencia extranjera fuese además enemiga, se calificaría como
delito de traición. Y aunque la potencia extranjera sea "amiga" no deja de ser representativo de lo que le importa a un gobierno los ciudadanos de su propio país, cuando está dispuesto a venderse a otra nación sin el menor reparo.
Mientras los cables iban y venían entre Madrid y Washington, algunos representaban el papel de
no levantarse al paso de la bandera de E.E.U.U., en un alarde antiamericano de cara a la galería (de sus bases políticas). Lo que nadie sabía -y ahora ya tenemos las pruebas- es que no podía levantarse al paso de la bandera de las barras y estrellas porque
prefería estar arrodillado ante ella con suma devoción, como luego demostrarían los acontecimientos.
Cables que iban y venían sobre la necesidad de retirar la circular de la Fiscalía General del Estado que reconoce lo que todos sabemos, que compartir sin ánimo de lucro no es delito. Entradas y salidas continuas de la Lista 301, una falsa lista sobre la "piratería" que se usa como instrumento de presión sobre naciones soberanas. Y finalmente, en vista de que no se conseguían los resultados buscados, se promueve una legislación desde Washington para saltarse la autoridad judicial a la torera.
Y el gobierno, de nuevo arrodillado e incapaz de cumplir los deseos iniciales de Washington, se blinda mediante un "estado de alarma" -la Ley Sinde- para decretar el cierre de una página web en sólo cuatro días. Una ley que, como no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico, se trata de sacar adelante escondida y casi por decreto, para poder así perseguir, censurar y finalmente cerrar todo aquello de Internet que no gusta al poder.
Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista.
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata.
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista.
Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, porque yo no era judío.
Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar.
Si permitimos estos atropellos a la democracia y a los derechos civiles, nunca podremos exigir a nadie que venga a salvarnos, porque habremos cedido nosotros también a la presión y ya no quedará nadie que pueda defendernos. La democracia no es gratis, debe ganarse cada día. Y lo que ha ocurrido estos días con la declaración del "estado de alarma" debería hacernos reflexionar a todos. Porque gobernar a golpe de "estado de alarma" revela la más absoluta inutilidad del poder para resolver los problemas siguiendo los cauces democráticos. Y por tanto, representa también el poco aprecio que le tiene un gobierno a la democracia misma.
